Organización de la República de Chile

Luego de la batalla de Chacabuco, un cabildo abierto reunido en Santiago entrega el gobierno a O’Higgins con plenas facultades. Con el cargo de Director Supremo, recibe el mandato  de establecer a su arbitrio el tipo de gobierno que le parezca adecuado a Chile. Tal plenitud de facultades se le concede porque aún no estaba consolidada la Independencia, objetivo que se logra en las campañas militares de los años 1817-1818, que culminan con la batalla de Maipú, en abril de 1818.

             Con el fin de no comprometer la Independencia, que podía ser amagada por la Santa Alianza y Estados Unidos, que abogaban porque en los estados nacientes se establecieran gobiernos monárquicos y republicanos, respectivamente, O’Higgins opta por no definir el sistema de gobierno existente en Chile.

            A pesar de mostrar preferencia por el sistema democrático, los hechos le demostraron que no era posible establecerlo: no había tradición política, el pueblo carecía de virtudes cívicas y no existían hábitos de gobierno democrático. Finalmente instaura, sin definirlo como tal, un gobierno que podría denominarse una autocracia patriarcal, sistema que recuerda las fórmulas del autoritarismo ilustrado, y que ha quedado consagrado en su epistolario, cuando confiesa nuestros pueblos no serán felices sino obligándolos a serlo.

            Luego de la abdicación de O’Higgins, producto de sus disensiones con la aristocracia, se produce un gran vacío de poder que se manifiesta en un proceso de inestabilidad política conocido como Anarquía, aunque algunos historiadores denominan la etapa que transcurre entre 1823 y 1829 como Crisis de descolonización o bien etapa de ensayos constitucionales. Se trata de un período utópico, durante el cual los proyectos de organización desbordan la realidad que se vive.

            Se piensa en la ley como suprema instancia de orden, de ahí la confianza en las constituciones. A pesar de que una constitución debe ser como un traje a un individuo, y por consecuencia, debe adecuarse al país para el cual se promulgan, las que se elaboran en esos años prescinden de la idiosincrasia nacional, fijándose en otras realidades. La constitución moralista de 1823, por ejemplo, recoge elementos de la democracia griega, racionalismo francés y cristianismo. Las leyes federales de 1826-1827, redactadas por José Miguel Infante, son una copia de la constitución de Estados Unidos de América; mientras el ensayo liberal de Santiago Concha y José Joaquín de Mora, se inspira en la constitución francesa de 1791 y la española de 1812. Por esta misma prescindencia de la realidad nacional fueron flor de un día.

            En la época se entendía la libertad como libertad individual, no social, actualizando un concepto individualista de la ley y la sociedad que subordinó los intereses del Estado a los intereses de los individuos, lo que por cierto debilitó al Estado. Afloran sentimientos localistas, producto de antiguos resentimientos de las provincias respecto de Santiago, con la consiguiente a integración nacional; la economía entra en crisis producto del desorden y los gobiernos muestran gran inestabilidad. La anarquía se desarrolló con fuerza sobre todo entre 1826 y 1829.

            A partir de marzo de 1830, siendo vicepresidente José Tomás Ovalle, entra a desempeñar el cargo de ministro del interior Diego Portales, quien desempeña importante papel en la organización de la República. Teniendo presente el precario estado cultural de la población, mayoritariamente campesina, que sólo hacía posible el ejercicio restringido de la soberanía,  establece una república aristocrática, coherente con la estructura social existente, de una clase dirigente de raíz agraria, y una gran masa adherida a ella por vínculos paternalistas. La soberanía radicará teóricamente en el pueblo, pero su uso efectivo se reduce a aquella parte de la sociedad declarada con capacidad de conciencia política. El resto participaba del ejercicio de la soberanía de modo pasivo, a través de la representación que se arrogaba el Estado, que identificaba sus intereses con los de toda la comunidad. El Estado así concebido se convertía en el ejecutor de la voluntad del pueblo. Su impersonalismo derivaba justamente de esa identificación de intereses.

Sobre el Estado recaía, en consecuencia, la obligación moral de lograr que la gran masa de la población alcanzara, mediante la educación, la moralidad suficiente para gozar de la capacidad de ejercer la soberanía. Portales creía que el desarrollo de la sociedad sólo podía lograrse dentro del orden y el respeto a la ley. La República la entendía como una escuela de moralidad, capaz de crear sentimientos cívicos con la sabia y prudente dirección del Estado. De ahí la idea de gobierno fuerte y centralizador, respetado y respetable, con una administración eficiente, honrada, disciplinada, abierta a la crítica constructiva de la oposición. La Constitución de 1833 consagra el sistema de gobierno entonces establecido.